De un tiempo a esta parte, estamos
presenciando como se está produciendo el desmantelamiento de la sanidad pública
tal y como la conocíamos. Se empezó con el euro por receta, con la finalización
de la prestación sanitaria a los mal llamados "ilegales" y ahora en
la Comunidad de Madrid se están dando los pasos para que los centros públicos
pasen a ser gestionados por manos privadas.
Es nuestro deber como profesionales,
defender el modelo sanitario que tanto costó y cuesta mantener. Estamos
convencidos que el sistema puede y debe ser mejorado en base a criterios de
sostenibilidad económica, pero jamás debe ser privatizado ni en parte ni en su
totalidad. Además, son muchos los compañeros de la blogosfera que han dado
datos más que suficientes sobre la ineficacia de los modelos privados.
Tan solo imaginar que en veinte años
podamos tener una sanidad privada (para las clases más pudientes) y una sanidad
de segunda para los necesitados, nos reafirman en nuestra defensa del sistema
actual. Como paradigma de sistema sanitario privado nos viene a la cabeza EEUU,
que tiene unos indicadores sanitarios que parecen más propios de países no
desarrollados.
Hagamos que nuestro sistema siga
siendo posible. ¡Por nosotros, los profesionales y por ellos, los usuarios!
A continuación, recogemos el
comunicado realizado por las Sociedades Españolas de Atención Primaria, SEMG,
SEMERGEN y SEMFYC en relación a los acontecimientos ocurridos en la Comunidad
de Madrid:
"Las Sociedades Españolas de Atención
Primaria, SEMG, SEMERGEN y SEMFYC, observan con enorme preocupación la
situación de la atención sanitaria en la Comunidad de Madrid tras hacerse
público el "Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del Sistema
Sanitario público de la Comunidad de Madrid", promovido por el gobierno
regional, y quieren ponen de manifiesto lo siguiente:
1. La primera
obligación de los médicos es preservar y defender los intereses de los
pacientes, por encima incluso de los suyos propios, y orientar todas las
decisiones al bien común.
2. Hasta ahora los
pilares del Sistema Nacional de Salud (SNS) se basaron en unos principios
fundamentales de equidad social y solidaridad, como gran patrimonio colectivo y
derecho irrenunciable de todos los ciudadanos, por lo que cualquier
modificación de calado en el SNS debe nacer del consenso, tras el diálogo con
los agentes sociales y los representantes legales y legítimos de los
profesionales sanitarios; su principal objetivo, por tanto, debe ser la
implicación de los profesionales sanitarios.
3. Existen
numerosas pruebas que avalan que es difícil, por no decir imposible, poner en
marcha cualquier tipo de reforma sin la participación activa de los
profesionales, mucho más cuando estas reformas están fundamentadas tan solo en
criterios economicistas y se orientan a escenarios que rompen el modelo basado
en la universalidad y la equidad, que pueden producir pérdidas en la calidad y
afectar especialmente a los más pobres, indefensos y vulnerables.
4. La legitimidad
otorgada por las Urnas no puede convertirse en ningún caso en patente de corso
para adoptar decisiones que afectan negativamente al conjunto de la sociedad,
dificultan el acceso equitativo de los ciudadanos a los servicios públicos y
ponen en peligro el futuro y la continuidad de las prestaciones sanitarias.
5. Las medidas
anunciadas por parte del gobierno regional, y en su nombre por la Consejería de
Sanidad, no aportan datos objetivos que permitan inferir la mayor eficiencia
del modelo que se propone y ni siquiera existe ningún estudio económico que
demuestre que se va a producir el ahorro que se proclama. En el documento se
parte de premisas interesadas en objetivos poco relacionados con la calidad
clínica y más con la gestión estrictamente economicista de los recursos.
6. Dichas medidas
son arriesgadas, de eficacia dudosa para el fin que supuestamente persiguen, y
conllevan la descapitalización irreversible de los recursos materiales y
humanos del sistema sanitario público madrileño; por otra parte, suponen un
expolio de los derechos adquiridos de los profesionales sanitarios.
7. La oferta que
se hace a los profesionales de participar directamente en la gestión de los
centros de salud es un "brindis al sol", pues les obliga a la
creación de estructuras asociativas que en la actual coyuntura económica
representan aventuras empresariales de alto riesgo y por consiguiente
difícilmente financiables.
8. En el Plan no
se detalla ni la asignación capitativa por paciente, ni los factores correctores
a aplicar, ni las normas jurídicas a implementar sobre las relaciones laborales
en las nuevas entidades... La lectura de tan escueto documento induce
irremisiblemente sentimientos de inseguridad legal, laboral y profesional. Por
tanto, es más que improbable que se generen solicitudes de adjudicación que
provengan directamente de los profesionales.
9. Tomando en
consideración la ausencia de datos objetivos que las apoyen, las entidades
firmantes estiman que las medidas planteadas son arbitrarias y los ajustes
presupuestarios una simple coartada para proceder a transferir la gestión de
los centros de salud a organizaciones empresariales con ánimo de lucro. La
Consejería de Sanidad emplea el eufemismo de "externalización de la
gestión" y rechaza de forma beligerante el de "privatización";
sin embargo, más allá de disquisiciones semánticas, ambos términos implican
exactamente las mismas consecuencias finales sobre la organización y la gestión
de los centros de salud y el estatus laboral y profesional de quienes en ellos
trabajen.
Por todo lo anterior, las entidades
firmantes de este Comunicado manifiestan su oposición al Plan, que nace sin
tener en cuenta a los profesionales sanitarios ni a los pacientes, y emplazan
al gobierno regional a proceder a retirarlo y a entablar con los representantes
profesionales un diálogo leal, sincero y sin posiciones predeterminadas, en
aras de pactar las medidas que se estimen oportunas para los fines que se
pretenden, pero evitando planteamientos rupturistas, radicales e
irracionales."
¡Sanidad Pública y Universal!
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